WASHINGTON (AP) — Cuando llegó el 10 de diciembre, Rosa Gutiérrez López no regresó a El Salvador como le había ordenado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). En cambio, consiguió hospedaje a apenas 14 kilómetros de la Casa Blanca.
Según activistas, la salvadoreña se convirtió en la primera inmigrante no autorizada en refugiarse dentro de un templo religioso ubicado en el área metropolitana de Washington con la esperanza de permanecer definitivamente en el país junto a sus tres hijos estadounidenses por nacimiento.
“Me siento bien porque pienso que migración no puede entrar acá”, dijo Rosa durante una entrevista reciente que ofreció a The Associated Press en la capilla de la iglesia Cedar Lane Unitarian Universalist, cuya sede en un suburbio capitalino abarca 28.000 metros cuadrados.
“Es un lugar santuario que ellos respetan”, agregó.
Si bien Rosa es legalmente una fugitiva que puede ser arrestada en cualquier momento, ICE suele considerar a las iglesias como “lugares sensibles” y generalmente no persigue a personas que se encuentren en su interior.
La centroamericana de 40 años viajó por tierra durante 72 días en 2005 desde su hogar en el departamento salvadoreño de La Paz hasta la frontera de Texas, donde las autoridades de Estados Unidos la arrestaron, liberaron y citaron para comparecer semanas después ante un tribunal migratorio. Al no asistir a su audiencia, el tribunal ordenó al año siguiente su deportación.
Rosa se mudó poco después a Fredericksburg, Virginia, y concibió tres niños antes de que descubriera en 2014 que las autoridades la buscaban. Agentes de ICE detuvieron en la calle a quien entonces era su pareja para preguntar por su paradero, así que ella se buscó un abogado y acudió a una oficina de ICE a averiguar detalles. La mujer continuó trabajando mientras comparecía periódicamente ante una oficina de ICE hasta que la situación cambió drásticamente en mayo de 2017, cuatro meses después de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca.
ICE le colocó un brazalete electrónico en el tobillo izquierdo –un aparato que le crea una ampolla permanente y que ella suele ocultar bajo la ropa– y le ordenó abandonar el país el 10 de diciembre. Sin embargo, ella se rehúsa abandonar a sus tres hijos, especialmente al menor, que requiere terapias semanales por padecer el Síndrome de Down a sus seis años de edad.
También descartó llevarse a los niños con ella porque sostiene que las pandillas han asesinado a tres de sus parientes en El Salvador durante los últimos dos años y ella teme por su vida.
“Yo no merezco ser deportada. Yo merezco estar aquí en este país con mis hijos porque ellos son ciudadanos americanos”, indicó.
Un censo de 2010 contabilizó 1,648,968 salvadoreños en Estados Unidos.
Rosa piensa que el obstáculo principal en este momento es vivir por primera vez separada de los niños, quienes la visitan cada fin de semana. “No es suficiente”, agregó.
La salvadoreña se puso en contacto con Omar Pérez, coordinador de la DMV Sanctuary Congregation Network, una red de congregaciones en el área de Washington que apoya a inmigrantes temerosos de ser detenidos o deportados.
“Teniendo el brazalete, inmigración sabe dónde está en cualquier momento”, dijo Pérez. “Había un riesgo de que si ella no se presentaba a las ocho de la mañana al aeropuerto para su vuelo de las once de la mañana, ellos podrían ir por ella, detenerla y deportarla”.
Pérez consiguió hospedaje indefinido para Rosa en la iglesia Cedar Lane Unitarian Universalist, una de las 12 congregaciones en el área capitalina que ha adelantado preparativos legales y logísticos para brindar santuario a inmigrantes en situación de riesgo.
El reverendo Abhi Janamanchi, ministro principal de Cedar Lane, calificó el caso de Rosa como “cautivador” y explicó que “nos sentimos comprometidos a apoyarla, a ayudarla a ganar tiempo para que logre acceso al debido proceso”.
Jamanachi indicó que los 747 integrantes de su congregación tomaron la decisión como un acto de fe. “Puede parecer una postura política, pero no fue esa la motivación”.
Faith in Action y sus filiales locales han entrenado a más de 1.000 congregaciones en 21 estados sobre cómo brindar santuario a inmigrantes, dijo el coordinador nacional del movimiento santuario de esa organización, Richard Morales.
Dijo que al menos 50 inmigrantes actualmente se encuentran refugiados en templos religiosos a lo largo de Estados Unidos y explicó que las posturas del entonces candidato Trump sobre la inmigración ilegal imprimieron urgencia al movimiento. Ahora su equipo de cuatro personas planea entrenar en 2019 a congregaciones ubicadas en estados que él calificó como “vulnerables”, tales como Luisiana, Alabama y Georgia.
Ronald D. Vitiello, director interino de ICE, dijo el mes pasado durante una audiencia celebrada por el Senado para su confirmación que las deportaciones aumentaron casi 50% durante el año fiscal 2018.
El abogado de Rosa, Héctor Pérez-Casillas, solicitó al tribunal de Harlingen, Texas, que anule la orden de deportación y que reabra el caso.
“Si terminamos ganando la solicitud de reabrir, no tenemos que preocuparnos sobre la anulación. La orden de deportación desaparece”, indicó el defensor.
Para Rosa es difícil plantearse un escenario en el que la estrategia de su abogado fracase y ella tuviera que dejar a sus hijos debido a una deportación.
“Mi abogado va a trabajar… Si no reabren mi caso, él va a apelar. No he pensado más allá de eso”, dijo. “No quiero que me deporten, no quiero dejar a mis hijos aquí. Me necesitan”.