México se prepara para la inminente llegada de los miles de miembros de la caravana de migrantes hondureños que pretenden cruzar el país rumbo a Estados Unidos, con la advertencia de que deportará a quienes entren de forma ilegal, aunque atenderá a aquellos que soliciten refugio. El tema «va a ser muy complejo» por el elevado volumen de migrantes del que se está hablando, señaló hoy en una entrevista radiofónica el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Gerardo Elías García Benavente.
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Un primer grupo de la caravana de migrantes, que salió el pasado sábado con destino a Estados Unidos, llegó ayer a la frontera de Guatemala con México. Otros miles de integrantes -la ONU estima que en la movilización participan 3.000 hondureños- se encuentran más alejados, y salieron esta mañana de la capital guatemalteca. Su objetivo es cruzar al estado mexicano de Chiapas y llegar a Tapachula. Desde el día en que partieron de San Pedro Sula (norte de Honduras), el Gobierno mexicano ha enviado varios comunicados en los que advierte que si ingresan al territorio nacional «de manera irregular» podrán ser detenidos y retornados a su país de origen.
La ‘marcha de la esperanza’ cruza Centroamérica
García Benavente recordó que, pese a esto, hay vías legales para que los migrantes sean atendidos por las autoridades mexicanas: «Habrá quien solicite una visa por razones humanitarias (…) y quien solicite refugio, gente que no puede estar en su país y tiene la necesidad de abandonarlo». En el caso de que pidan refugio, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) es el órgano encargado en realizar el trámite, para el que la ley establece un plazo de respuesta máximo de 45 días. Durante este tiempo, los migrantes deberán permanecer en una estación migratoria. En este sentido, el comisionado del INM destacó que en Tapachula se encuentra la Siglo XXI, la más grande del país, que podría llegar a albergar a un millar de estos migrantes, y el resto serían repartidos en otros centros.
A la frontera con Guatemala el Gobierno ha enviado unos 200 elementos de la Policía Federal. «Nuestra presencia obedece a la apuesta por una migración segura y regular», dijo a Foro TV el comisionado de este cuerpo, Manelich Castilla. Los agentes federales que han sido desplegados en los puntos por donde ingresarán los migrantes -apuntó- «no tienen armas» y conocen el protocolo para evitar el uso excesivo de la fuerza. «Desde el principio estamos pensando en un ejercicio de contención que privilegie los derechos humanos de los migrantes. De ninguna manera estamos para reprimir; estamos para auxiliar», argumentó el comisionado.
Trump promete enviar al ejército
La presión sobre México se ha intensificado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con cerrar la frontera sur del país si no se frena el trayecto de la caravana. «Además de detener todos los pagos a estos países, que parecen no tener casi control sobre su población, debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga este ataque, y si no puedo hacerlo, llamaré al ejército de EEUU y CERRARÉ NUESTRA FRONTERA SUR!», sentenció el mandatario en su cuenta de Twitter.
Interrogado por los periodistas sobre esta amenaza, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, Luis Raúl González, declaró que «la fuerza, la violencia y la amenaza nunca han sido la respuesta a necesidades de protección de personas que no migran por gusto, sino por necesidad». «Migran porque no tienen qué comer o preservando la vida, y México tiene que ser congruente de rechazar esa política de odio, xenofóbica y racista de los Estados Unidos», manifestó. Agregó que los mexicanos deben «anteponer la dignidad nacional rechazando esas conductas, no caer en la provocación de contestar de igual forma, sino con la razón, con el derecho y aplicando el principio de congruencia, que significa que el mismo trato que queremos para los nacionales en Estados Unidos lo demos a los centroamericanos».
El tema recuerda a la tensión que se desató entre México y EEUU con la caravana de migrantes centroamericanos que salió el pasado marzo desde Tapachula (estado de Chiapas). Pese a que dicha iniciativa se repite cada año, en su última edición Trump lanzó duras críticas contra ella e instó a México a detener la movilización, a lo que el país latinoamericano respondió que su política migratoria es soberana y no responde a presiones.
Ayer, el embajador de México en Guatemala, Luis Manuel López Moreno, se reunió con algunos participantes de la caravana. En el encuentro, el Gobierno «desmintió la existencia de una visa de tránsito por territorio nacional para quienes desean llegar a la frontera norte de México», afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.